TRIPOLI, 20 Jun 2007 (AFP) - El fiscal pidió el miércoles una confirmación de la pena de muerte contra cinco enfermeras y un médico búlgaros condenados en un caso de contaminación de niños con el virus del sida y que están siendo juzgados en apelación en la Corte Suprema de Libia.

La corte emitirá su veredicto el 11 de julio.

Un responsable de la Fundación Kadhafi, muy implicada en las negociaciones sobre las enfermeras y el médico búlgaros, afirmó el miércoles a la AFP que una solución al conflicto sería anunciada el viernes.

"Pido la confirmación de la pena capital" contra las cinco enfermeras y el médico de origen palestino, quien acaba de obtener la nacionalidad búlgara, afirmó el fiscal ante la corte, según corresponsales de la AFP.

"Las pruebas fueron establecidas y muestran claramente la implicación de los acusados en la inoculación deliberada del virus del sida a niños", dijo poco antes de que el presidente Fathi Dahan anunciara su veredicto para el 11 de julio.

Presos desde hace ocho años, la enfermera y el médico no estuvieron presentes en la audiencia, que se abrió hacia las 10H00 (08H00 GMT).

Se trata del último recurso para las seis búlgaras acusadas de haber deliberadamente inoculado el virus del sida a 438 niños de Benghazi (1.000 km a este de Trípoli) de los que fallecieron 56. Todos afirman ser inocentes y están apoyados por los testimonios de expertos internacionales, entre ellos el codescubridor del virus del sida Luc Montagnier.

No obstante su suerte depende de las negociaciones entre la Unión Europea y Libia que se llevan a cabo actualmente con miras al pago de compensaciones financieras a las familias de los niños contaminados.

Por otro lado el portavoz de las familias de los niños, Idriss Lagha, afirmó a la AFP que un acuerdo con la Unión Europea se producirá "en menos de una semana sobre el monto de las compensaciones que serán pagadas a las familias".

El proceso se lleva a cabo en vísperas de una cumbre de la Unión Europea, que recientemente envió emisarios a Libia.

Este asunto no sólo produjo tensiones en las relaciones entre Trípoli y la UE sino que suscitó una gran movilización internacional. El presidente estadounidense Geoge W. Bush pidió personalmente la liberación de los condenados.

En la audiencia, al igual que el fiscal, los abogados de la parte civil pidieron también la confirmación de la pena de muerte.

Por el contrario, el abogado defensor del médico, Tuhani Tumi, pidió la anulación del veredicto, e indicó que "la confesión" de su cliente le fue arrancada mediante tortura.

El abogado libio de las enfermeras, Othman Bizanti, pidió también que se les declarase inocente. En su defecto, solicitó a la corte "conmutar la pena de muerte en pena de cárcel por negligencia".

Las enfermeras Kristiana Valcheva, Nassia Nenova, Valia Cherveniachka, Valentina Siropulo y Snejana Dimitrova llegaron a Libia en los años 1990, tras el fin del comunismo, esperando ganar mejor su vida allí que en Bulgaria. Por su parte el médico Achraf Jumaa Hajuj hacía una pasantía en un hospital libio en el momento de su detención.

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