CARACAS, Ago 25 (AFP) - La Corte Primera de Venezuela anuló este viernes una resolución del Consejo Universitario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) que exigía como requisito la prueba del Sida a sus estudiantes.

La Corte Primera decidió abolir esta resolución por considerarla "violatoria a las leyes, la Constitución venezolana y los tratados internacionales sobre defensa de los derechos humanos", explicó a medios locales el magistrado Rafel Ortiz.

La instancia judicial atendió al llamado que hiciera hace 3 años la asociación civil de Acción Ciudadana contra el Sida (Acci), solicitando la anulación de la resolución.

Acci ya había realizado varios trámites para persuadir a los directivos de la UPEL de abolir la resolución, sin embargo, siempre obtuvieron respuestas negativas por parte de los directivos de la institución.

Las autoridades universitarias alegaron que "por razones económicas" creían válido exigir el exámen a los estudiantes de docencia, estimando que "es un dispendio de dinero y tiempo el formar personas que inexoralemente fallecerían como consecuencia del Sida", explicó Italia Espinoza Bartoli, coordinadora nacional de admisión en la UPEL.

Los apoderados judiciales de la universidad, José Salazar Martínez y Lionel Trías Mota, esgrimieron argumentos similares al señalar que "los pacientes con Sida ven disminuidas sus capacidades físicas para el ejercicio profesional".

Asimismo, dijeron que "los estudios médicos dan a este tipo de personas un promedio de vida entre cinco y ocho años, lo cual no contribuye a solucionar el problema de la escasez de docentes en el país".

La denuncia llegó incluso a manos de la Subcomisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados.

Esta comisión llevó la solicitud de nulidad y detalles de la problemática ante el ministro de Sanidad de ese entonces, Pedro Rincón Gutiérrez, a fin de que tomarán las medidas necesarias para resolver el caso.

Del mismo modo se hicieron gestiones ante el Ministerio Público y la directora general de Defensa del Ciudadano, la Sociedad y el Ambiente, Celia Márquez de Viete, funcionaria que elevó el caso a la consideración de las autoridades del Ministerio de Educación.

La decisión de la corte se refiere a la resolución de la UPEL, pero se hace extensiva a todos los entes de educación superior en su espíritu de hacer cumplir el derecho fundamental a la educación de todo ser humano consagrado en la Constitución.

Asimismo en su sentencia "rechaza todo tipo de discriminación con la que se pueda limitar el desarrollo de la personalidad humana".

000825
AF000856_ES

© Agence France-Presse 2000. Todos los derechos son propiedad exclusiva de AFP. Los artículos y fotos no pueden ser publicados, transmitidos, reescritos para transmisión o publicación o redistribuídos directa o indirectamente por ningún medio sin la autorización previa por escrito de AFP. El material informativo de AFP no puede ser almacenado total ni parcialmente en una computadora, salvo para uso personal y no comercial. La AFP no será responsable por ninguna demora, imprecisión, errores u omisiones en ninguno de sus materiales informativos, o en la transmisión o entrega de todo o parte, o por cualquier daño en general. Como servicio de noticias, AFP no obtiene autorizaciones particulares de los sujetos, individuos, grupos o entidades contenidos en sus fotografías o gráficos, o citados en sus textos. Tampoco se obtienen autorizaciones de los propietarios de cualquier marca registrada o materiales con derecho de autor incluídos en las fotos o materiales de AFP. En consecuencia, el usuario será el único responsable de obtener cualquier autorización necesaria de parte de cualquier individuo u entidad necesaria, para cualquier uso de los artículos, fotos o gráficos de la AFP.  http://www.afp.com/